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[Columna de Opinión] Repensando el Estallido Social: una mirada reduccionista del problema

Por: Cristian González Muñoz, egresado de Magíster en Política y Gobierno

Hoy, a más de un año del 18 de octubre de 2019, coyuntura que marcó el inicio de las movilizaciones más grandes de las últimas décadas en Chile y tras el apabullante triunfo de la opción Apruebo y Convención Constitucional, que abre una ventana de oportunidad para reemplazar la Constitución Política de 1980, heredada de la dictadura militar y consolidada en los últimos 30 años, por la democracia de transición. Pocos se atreverían a negar o relativizar la importancia del denominado, por la opinión pública: “Estallido Social”.

No obstante, y llegado el momento de discutir sobre el proyecto político y los representantes para redactar esta nueva Constitución, no existe total acuerdo respecto de quienes serán los portavoces de las legítimas demandas ciudadanas. El debate posterior al triunfo de la decisión de elaborar una nueva carta fundamental ha girado en torno al órgano constituyente, cuya elección se regirá por los mecanismos establecidos por el sistema electoral, de forma similar a la elección de diputados y según lo definido por la ley 21.200. Una ley que privilegia el rol de los partidos políticos en la provisión de los convencionales constituyentes. Partidos que forman parte de las instituciones peor evaluadas del sistema político. Iniciando un debate respecto de la incorporación de independientes en el proceso constituyente.

En este contexto, la crisis de confianza, legitimidad y representatividad nos da luces, para entender que el fenómeno era más profundo que las demandas sociales. En efecto, al conjunto de demandas sociales, como pensiones dignas, equidad de género, educación gratuita y de calidad, acceso a la vivienda, ambientes libres de contaminación, derecho a la ciudad, entre otros temas, se agrega la acumulación de demandas no resueltas por el sistema político en su conjunto, lo que llevó a la articulación espontánea y horizontal de las demandas ciudadanas en un solo gran movimiento. Esta dimensión, parte de la tesis que las demandas políticas de la ciudadanía tienen su génesis en el rechazo a una estructura político-institucional, conformada por una elite desconectada de los ciudadanos y de sus problemáticas, asumiendo un desarrollo de políticas públicas desde una lógica unidireccional, de arriba hacia abajo (top-down) y con un excesivo énfasis en los aspectos tecnocráticos.

Considerando este fenómeno, es posible señalar que el estallido no considera solamente una dimensión social, sino que confluye con las demandas políticas, de una ciudadanía que no se siente representada por los actores políticos tradicionales, entre los que destacan los gobiernos, parlamentarios, partidos políticos, sistema judicial, fuerzas armadas y de orden y seguridad, entre otros actores.

Esta crisis, fue agudizada en el periodo de Pandemia, que no hizo otra cosa que evidenciar las problemáticas sociales más profundos de nuestra sociedad y que guardan relación a la construcción de las desigualdades sociales. En síntesis y a la luz a la complejidad del fenómeno, se podría decir que el “estallido social” es en realidad un “estallido sociopolítico” que se expresa en el rechazo a la institucionalidad y el sistema político. El desafío para el proceso constituyente radica en poder encontrar los mecanismos para asegurar la representatividad de las demandas sociopolíticas de la ciudadanía, reconociendo que la estructura político-institucional está desgastada y deslegitimada, por lo tanto, requiere urgentemente de reformas profundas para generar una reconexión con la ciudadanía.  De este modo, se podrá avanzar hacia la definición de los temas y el proyecto socio-político que será consolidado en una nueva Constitución.

Las opiniones presentadas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan, necesariamente, el pensamiento de nuestro Programa de Magíster.

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