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[Columna de Opinión] El seguro catastrófico en la red pública integrada de Salud

Por: Pablo Bórquez, egresado del Magíster en Política y Gobierno de la Universidad de Concepción y Daniela Barriga, egresada del Magíster en Salud Pública de la Universidad de Chile

Para nadie es un misterio que el sistema público de Salud en Chile tiene múltiples problemas, y hoy con el movimiento social se exige una salud digna y de calidad, lo que se suma a lo planteado por la OPS, que señala la necesidad de fortalecer el trabajo en red (OPS; 2018).

Como respuesta, el Gobierno impulsó en su Agenda Social la creación de un Seguro de Salud para Enfermedades Catastróficas, cuyo objetivo es generar protección financiera ante un problema de salud de alto costo, que no esté incluido en su plan de salud (MINSAL; 2019). Según el proyecto, se realizará copago según los tramos de ingreso, siendo los montos a pagar: $1.444.800 para los tramos FONASA B, C y D y $752.500 para el tramo A, reconocido como indigente. Excluyendo así -nuevamente- a la población más desfavorecida.

Las atenciones las realizarán prestadores definidos por FONASA, optando primero por recintos de la red pública, luego hospitales universitarios y, de no existir oferta, en prestadores privados (MINSAL; 2019).

Si bien, el proyecto menciona como primera opción los recintos de la red pública, son conocidas las dificultades por las que éstos atraviesan; como son las esperas, en donde a junio del 2019 existe un total nacional de 258.274 usuarios/as en Lista de Espera NO GES de Intervención Quirúrgica, con un promedio de espera de 324 días (MINSAL; 2019).

Esta iniciativa no se hace cargo de los problemas del sector, sino que fomenta la financiación del sector privado con fondos públicos, ejemplo, es que en 2016 se compraron prestaciones a privados por un total de $228.983.240 (DIPRES; 2017).

Nos preguntamos ¿por qué seguir potenciando la compra de servicios a privados? teniendo presente que el 80% de la población pertenece al sistema público (FONASA; 2017). ¿Cuándo empezaremos a hablar de mejoras estructurales? Esto implicaría un esfuerzo del Estado, posicionando a la salud como un derecho fundamental, y no tan solo en el acceso, como hoy se establece en la Constitución.


Las opiniones presentadas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan, necesariamente, el pensamiento de nuestro Programa de Magíster.

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