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[Columna de Opinión] Leyes que ladran, pero que no muerden

Por: Rodrigo Venegas Ruiz, egresado Magíster en Política y Gobierno

Reflexionando sobre las circunstancias que nos trajeron hasta este punto de inflexión en Chile, afloran recuerdos como los hechos de financiamientos irregulares de la política, colusión de los grandes empresarios, fraude de Carabineros y del Ejército, zonas de sacrificio, sistema de pensiones y tantas otras que fueron caldo de cultivo para esa explosión del 18 de octubre.

Es así que pensando en aquel nuevo Chile que las movilizaciones aspiran o pretenden construir, es innegable que como sociedad debamos aprender y tomar medidas para no tener que repetir los mencionados actos que en su mayoría fueron hechos de corrupción tanto pública como privada.

La agenda pública de los diferentes gobiernos pasados nos han entregado una amplia gama de mecanismos de control para hacerles frente, entre ellos encontramos: la Ley de Transparencia, la Ley de Conflicto de Intereses, la Ley del Lobby, la Ley de Compras Públicas, la Ley de Participación Ciudadana, entre otras. Sin estas normas pro transparencia, los ciudadanos, los centros de periodismo de investigación o las diferentes ONG’s interesadas en los asuntos públicos no tendrían instrumentos para pedir rendiciones de cuentas a nuestras autoridades, funcionarios o instituciones.

Sin embargo, a pesar de que estos mecanismos nos acompañan hace algunos años, su uso ha sido mínimo y no fueron suficientes para frenar prácticas enraizadas en las instituciones por décadas; posiblemente por el escaso conocimiento que la ciudadanía tiene de ellos o por el poco interés que tenemos en el funcionamiento de las instituciones, de los procesos electorales, o de lo político en general.

A su vez, creo que el análisis centrado en la responsabilidad del ciudadano es simplón, ya que, a pesar de tener estas herramientas de control social, muy poco contribuyeron a revertir la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones al no contemplar dentro de su cuerpo normativo una real capacidad de sanción contra aquellas autoridades y funcionarios que hubiesen cometido faltas.

Por lo tanto, la percepción ciudadana de que si alguien comete actos de corrupción queda más bien impune (lo que según el Consejo para la Transparencia alcanzó una cifra del 84%), resulta ser de toda lógica, pues cuando los procesos sumariales y administrativos, e incluso los judiciales se entrampan en una y otra barrera, al final del día, lo que se impiden son las aplicaciones de sanciones.

En reiteradas oportunidades escuché a algunos denominados “estadistas” decir: “Dejen que las instituciones funcionen”; pero sin leyes que castiguen de verdad, es muy difícil que cumplan con el objetivo.

Habrá, entonces, que pensar en legislaciones, que más que darnos acceso a los actos administrativos del aparato público – que por cierto debe ser una característica mínima de este tipo de legislaturas-, contengan dientes afilados que muerdan, elementos sancionatorios y disuasivos contra aquellos que cometen actos poco transparentes o que derechamente incurren en faltas administrativas y a la probidad. En ese sentido, que sea: la pérdida del cargo, la revocación del mandato, multas ejemplificadoras, inhabilidades para ejercer cargos públicos y cárcel para delitos que afecten la institucionalidad.

Sin esto último, dudo que las instituciones puedan funcionar y que la ciudadanía vuelva a confiar.


Las opiniones presentadas son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan, necesariamente, el pensamiento de nuestro Programa de Magíster.

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